Miércoles, 21 de octubre de 2015

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Fiscalía pide prisión y juicio oral y público para expresidente del Indert

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Prisión y juicio oral y público solicitó ayer la Fiscalía para el expresidente del Indert Luis Ignacio Ortigoza en el proceso abierto por venta irregular de tierras de colonia Mayor Pablo Lagerenza, distrito de Bahía Negra, Alto Paraguay, con un perjuicio de G. 15.000 millones. Otros 13 acusados ofrecieron reparar el daño mediante el pago de G. 24.000 millones.

Con pedido de juicio oral y prisión para Ortigoza concluyó ayer la audiencia preliminar iniciada el 21 de setiembre pasado. Por otro lado, la Fiscalía aceptó la suspensión condicional del procedimiento con relación a los 13 compradores de los lotes, previa reparación del daño.

“Si bien el perjuicio descripto en la acusación es de más de G. 15.000 millones, con el monto que está solicitando el representante del Indert serían G. 24.700 millones lo que estaría recuperando el Estado, G. 9.000 millones más de lo que se había acusado inicialmente”, explicó la fiscala Silvia Cabrera.

La prisión de Ortigoza fue solicitada por la Fiscalía debido a que él no ha logrado cubrir la fianza de G. 10.000 millones, establecida por el juzgado a pedido del Ministerio Público.

“Desde abril pasado la Cámara ratificó que tiene que cubrir la fianza de G. 10.000 millones, y hasta la fecha no lo hace; por eso nosotros ratificamos la petición de la revocación de las medidas alternativas y la prisión preventiva”, indicó el fiscal René Fernández.

La defensa de Ortigoza, a cargo de Carlos Battaglia, planteó primeramente suspensión condicional del procedimiento a cambio de reparación de 50.000 dólares. Ante la oposición de la Fiscalía, pidió sobreseimiento definitivo, propuesta igualmente rechazada por el Ministerio Público.

Fernández explicó que la situación de Ortigoza es distinta porque el grado de reproche de su conducta se encuentra sumamente agravado, debido a su condición de funcionario público de alto rango, cuya conducta causó un perjuicio de más de G. 15.000 millones.

“La reparación ofrecida por los cómplices les beneficia solamente a ellos, la responsabilidad penal es personal, y es posterior a la consumación. Otra cuestión que tuvimos en consideración es que hay un concurso de hecho punible; él cometió 13 hechos de lesión de confianza: son 13 procesos en los que él dispuso la exclusión de la aplicación del precio vigente al momento de la venta, por lo cual la expectativa de pena es de más de 10 años”, acotó el fiscal.

El juez Hugo Sosa convocó a las partes para este viernes, a las 10:00, oportunidad en que dará a conocer su resolución.